Organizaciones manifestó su enérgico rechazo a los recientes actos de violencia perpetrados contra organizaciones de la sociedad civil y personas que se dedican a la defensa de los derechos humanos en la República Dominicana.
Sostuvieron que cualquier intento de silenciar el liderazgo social que lucha y que forma parte de un colectivo que vela por el bienestar de las comunidades más vulnerables por una sociedad más justa e inclusiva es inaceptable y debe ser condenado con firmeza.
Explicaron que los incidentes recientes contra el Movimiento Sociocultural de Trabajo Humano y Ambiental no deben considerarse como hechos aislados; son parte de una tendencia creciente que busca reprimir y estigmatizar a las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos que reclaman el cumplimiento del debido proceso, los derechos y la dignidad de las personas migrantes.
El discurso hostil impulsado por ciertos sectores del Estado parece estar propiciando, sin mayor consecuencia, la acción de grupos antisociales que buscan silenciar voces críticas y disidentes. Este fenómeno ha escalado hasta convertirse en actos violentos que deben ser combatidos y condenados. Estas acciones evocan periodos históricos de persecución política y uso de la violencia por parte de grupos con vocación paramilitar para acallar a opositores.
Es necesario que analicemos la situación a la luz de experiencias de otros países de la región, donde la paz y la convivencia han sido socavadas por acciones deshumanizantes de grupos antisociales, que no utilizan los recursos que ofrece una sociedad para gestionar las diferencias y debatirlas en escenarios correspondientes, afectando gravemente la cohesión social y los principios democráticos.
Nos preocupa de manera profunda el papel ambiguo del actual gobierno y su falta de acción ante estos reiterados incidentes que afectan a trabajadores sociales. La omisión tiene el mismo peso que la acción. No se han establecido mecanismos claros ni acciones concretas que garanticen la seguridad e integridad de las organizaciones de la sociedad civil y de quienes las defienden. Además, los discursos de promoción del odio y la violencia hacia la población migrante, que en los últimos meses han tenido como blanco a mujeres embarazadas, usuarios de servicios de salud, trabajadores y niños en edad escolar, grupos sociales y los defensores de derechos humanos, pueden generar situaciones lamentables.
Esta carencia de protección, junto con el incremento de la violencia, representa un grave atentado contra los principios democráticos de nuestra nación. Es insensato permitir que estas expresiones de intolerancia se propaguen y replegarse frente al llamado a la violencia.
Este tipo de agresiones, tanto en el ámbito digital como en el físico, socavan el trabajo de quienes defienden los derechos humanos y debilitan los mecanismos de protección destinados a salvaguardar a estas personas y sus organizaciones, y vulnerabilizan aún más a poblaciones que necesitan respaldo ante atropellos de los que son víctimas. Los defensores de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel fundamental en la promoción de los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia y el acompañamiento de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Sus esfuerzos deben ser respetados y protegidos, y no ser objeto de agresiones ni hostigamientos.
La Declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos de la ONU (1998) establece que “toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales”. En el ámbito nacional, la Constitución de la República Dominicana, en su Artículo 7, consagra que la República Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho, organizado en forma de República unitaria, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos.
Instamos a las autoridades competentes a que actúen de manera inmediata para garantizar la seguridad e integridad de las organizaciones y las personas defensoras de derechos humanos, así como a investigar estos hechos para asegurar que los responsables sean llevados ante la justicia. Es responsabilidad del Estado promover un clima de respeto y diálogo, generando espacios para gestionar las diferencias de ideas y visiones, conforme a lo establecido en el marco internacional y nacional de protección a los defensores de derechos humanos.
Reiteramos nuestra solidaridad con todas las personas y organizaciones afectadas por estas acciones intimidatorias y reafirmamos nuestro compromiso de seguir defendiendo los derechos humanos, la justicia social y el respeto por la ley.
Firman la Plataforma Dominicano X Derecho y la Red de Encuentro Dominico-haitiano Jacques viau.
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