Asegura que empresarios haitianos podrían controlar emisión de Pasaporte Dominicano
Santo
Domingo. El Colegio de Abogados de la República Dominicana, solicitó este
martes, al Tribunal Superior Administrativo la nulidad absoluta de la privatización de la emisión de los
Pasaportes dominicanos, y es que según el presidente del CARD Miguel Surum
Hernández, la resolución 04-2023, de fecha
23 de febrero del 2023, emitida por la Dirección General de Alianzas Públicas y
Privadas, fue aprobada de manera ilegal y fraudulenta.
Durante su
visita al Tribunal Superior Administrativo, Surum Hernández aseguró que esa
resolución es inconstitucional y fraudulenta porque se podría entregar a
empresarios haitianos el control de la emisión de Pasaportes y Datos
Biométricos de dominicanos, lo que según él representa un grave
atentado a la seguridad nacional,
El
gremialista reveló que resulta sospechosa la supuesta crisis que meses atrás
hubo en la Dirección General de Pasaportes por la falta de libretas para la
emisión del documento, lo cual podría ser intencional para justificar la
privatización, máxime cuando la empresa MIDAS
DOMINICANA, S.A., suplidora de las libretas, resulta adjudicataria de
la privatización.
Asimismo, Miguel Surum Hernández señaló que otro elemento que es cuestionables es que, no solo dicho proceso de privatización se realizara con una inversión aportada por el Banco de Reservas en su totalidad, mediante un supuesto fideicomiso, sino que además dicha empresa se quedaría con el 90% de los ingresos brutos generados por dichas operaciones de emisión de pasaportes, en un claro atentado contra los intereses del Estados, pues quien busca el dinero es el Estado, que solo recibe el 10% del negocio, aseguró el jurista.
Los empresarios haitianos que fueron sancionados por Canadá, podrían ser los beneficiados con la emisión de los pasaportes
Otra
revelación hecha por Surum Hernández, es que detrás del proceso de privatización
se encuentra GB Group, quien
en el 2012 adquirió los activos de Chevron Texaco en República Dominicana,
propiedad de Gilbert Bigio, supuesto socio de un asesor empresarial del Poder
Ejecutivo, de hacerse con el negocio de los pasaportes, recibirán financiamiento
por el total de la inversión mediante fideicomiso del Banco de Reservas por el
monto de los US$107,000,000.00.
Es por ello,
que lamentó que se atente contra la soberanía e identidad nacional al entregársele
a extranjeros la facultad de identificar quien o no merece el documento
dominicano.
Dijo que además de lo antes expuesto, reiteró que ese proceso es
nulo de pleno derecho por haber sido realizado, sin cumplir con la auditoria
social de factibilidad de implementación de Alianza Publico Privada al tenor
del Párrafo I, del artículo 40 de la Ley 47-20, que consagra que previo al
proceso de recepción de iniciativas privadas, dicho Consejo debe emitir una
resolución, determinando de interés
público la realización de Alianza Publico Privada en el servicio a privatizar,
debidamente fundamentado en consultas públicas a todos los sectores, estudios
de impactos en los sectores carenciados y de clase media, lo cual no se hizo, y
todo con el ánimo de hacerse con un negocio que anualmente generara ingresos
por el orden de los SEIS MIL MILLONES DE PESOS
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