Wilson Camacho destaca solidez de la acusación del Ministerio Público que pone al tribunal en condición de dictar prisión preventiva contra los imputados
SANTO DOMINGO (República Dominicana).-“El Ministerio Público acaba de presentar sus más de 15 mil páginas de evidencias. Evidencias que son irrefutables y que ponen en condición a la jueza de imponer la medida de coerción que va a solicitar el Ministerio Público, que es prisión preventiva”, sostuvo la noche del jueves el procurador adjunto Wilson Camacho en referencia al Caso Coral 5G.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) adelantó que los fiscales tienen previsto concluir este viernes con la presentación de la solicitud de la medida de coerción, en la audiencia programada para empezar a las 10:00 de la mañana.
“Motivaremos las razones por las que este caso debe ser declarado complejo e indicaremos al tribunal la medida de coerción que habremos de solicitar para cada uno de los imputados”, expresó.
Mientras respondía preguntas de los periodistas que cubren el proceso luego de la suspensión de la audiencia, Camacho precisó que el cuerpo de fiscales cumple con el calendario y que hace lo que le corresponde para que el tribunal tome una medida acorde con los hechos graves que se han presentado, con las evidencias que tienden a que sea acogida la petición del Ministerio Público.
La jueza Kenya Romero, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, luego de agotado el programa del jueves, dispuso el aplazamiento de la audiencia para este viernes a partir de las 10:00 de la mañana.
El Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción junto a más de 700 pruebas que vinculan a los imputados al entramado de corrupción administrativa desmantelado con la Operación Coral 5G, para quienes pide 18 meses de prisión preventiva y que el caso se declare complejo.
La medida fue solicitada en contra de los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD), Julio Camilo de los Santos (FARD) y Boanerges Reyes Batista (ARD), así como del capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores (ARD), los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Miguel Ventura Pichardo (FARD) y el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez (FARD).
También, contra el teniente coronel Kelman Santana Martínez (ERD) y el mayor José Manuel Rosario Pirón (PN). Igualmente, la primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, César Félix Ramos Ovalle y Esmeralda Ortega Polanco.
En el caso del general De los Santos Viola, se conocerá en otra audiencia, cuando la Corte de Apelación del Distrito Nacional decida sobre la recusación a la jueza Romero.
El auto de solicitud de coerción incluye documentos de bancos, títulos de propiedad, bienes inmuebles que han sido decomisados y una serie de elementos probatorios.
En el proceso también representan al Ministerio Público los fiscales Mirna Ortiz, coordinadora litigación de la Pepca; Miguel Collado, María Melenciano, Jonathan Pérez, Emmanuel Ramírez, Arolin Lemos Féliz y Melvin Romero.
El grupo de imputados de la Operación Coral 5G es custodiado por el sistema penitenciario en el Centro de Atención y Privación de Libertad Provisional (Caplip) del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
La red de corrupción desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G movió al menos 4,500 millones de pesos, ha establecido el Ministerio Público durante la investigación.
A los oficiales de cuerpos castrenses, incluyendo generales, se les ha ocupado hasta el momento unas 125 propiedades.
La Operación Coral 5G se ejecutó con 49 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega, en una acción sincronizada, dirigida por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, responsables de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca.
Estas nuevas acciones contra la corrupción administrativa se suman a las realizadas por la Operación Coral, por la que también desde mayo pasado cumplen prisión preventiva de 18 meses varios miembros de la Policía Nacional y organismos castrenses.
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