El presidente de la República, Luis Abinader, destituyó la tarde de este lunes a la ministra de la Juventud, Alba Jiménez Ramírez.
La decisión está contenida en el decreto 786-21, el cual deroga el 694-30, del 9 de diciembre del 2020. Es la segunda vez que el organismo se queda sin titular en menos de un año por escándalos de presuntos actos de corrupción.
En lo que concierne a Jiménez Ramírez, había sido designada en el cargo el pasado 9 de diciembre de 2020 tras la renuncia de la exministra Kimberly Taveras, de quien se mantiene vigente una investigación por tráfico de influencia al ser beneficiada en el pasado con la adjudicación de contratos para la recolección de basura en varios ayuntamientos.
A la destitución de Jiménez Ramírez le antecede una investigación por presuntas irregularidades en el proceso de licitación para la compra de equipos electrónicos por un valor de tres millones de pesos, denuncia en la que se vincula también a su esposo.
Su caso en el Ministerio de la Juventud comenzó con la denuncia por escrito de su exconsultor jurídico, José Manuel Vidal Tejada, quien aseguró que ésta lo presionaba para adjudicarle el contrato a unas empresas que había seleccionado de antemano.
Tejada dijo, al interponer la denuncia ante la Procuraduría General, que el esposo de la ministra de la Juventud, que trabaja como director de compras de otra institución pública, es quien tenía en el Ministerio de la Juventud a la persona encargada de manipular los procesos de compra y que recibió orden de Luz del Alba Jiménez.
Según afirmó, la ahora exfuncionaria pretendía que dos compañías en específico (Inversiones Gretmon, SRL y Sketchprom, SRL) fueran seleccionadas en un proceso de licitación para adquirir equipos tecnológicos por un valor de RD$3 millones, en franca violación a las normas de contrataciones públicas.
Aunque la ministra dijo para su defensa que esa licitación se canceló y por ende las empresas no fueron contratadas, la denuncia llegó ante la Dirección de Ética Gubernamental, la Dirección de Contrataciones Públicas y la unidad Anti Fraude de la Contraloría General de la República, instituciones que de manera conjunta llevan a cabo la investigación.
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