El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, pidió a las autoridades carcelarias aumentar el número de doctores y enfermeras en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, centro que tiene una población de 7,685 internos y un reducido personal para brindar atenciones médicas.
De acuerdo a los datos de la Procuraduría General de la República, un tercio de la población privada de libertad en el país está en la cárcel de La Victoria y la misma carece de dispensarios médicos en condiciones apropiadas, centro de rayos X y laboratorio, así como de un personal médico permanente.
“Es muy difícil que un interno pueda recibir atenciones médicas de calidad en los actuales momentos en este centro penitenciario, por lo que urge mejorar eso, debido a que la población carcelaria es muy grande en esta instalación”, puntualizó Ulloa al recorrer dicho centro.
En la actualidad, en la cárcel de La Victoria prestan servicios de manera ocasional unos cinco médicos y tres enfermeras, los cuales no son suficientes para atender la demanda de la población carcelaria allí recluida.
“La salud es un derecho fundamental. Los internos, aunque estén privados de libertad, deben recibir este servicio y requerimos de la Procuraduría General cambiar esta situación”, afirmó Ulloa al visitar por segunda vez esta penitenciaría.
La cárcel de La Victoria tiene un total de 17 pabellones y en la misma es notoria la gran cantidad de internos recluidos en este centro penitenciario.
Al realizar este segundo recorrido por el lugar, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, estuvo acompañado de Inka Mattila, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en República Dominicana; Giselle Chahin, gerente del proyecto del PNUD; Roberto Hernández Basilis, director de Prisiones; Patricia Lagombra, directora del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; Jonathan Baró, coordinador del Gabinete Penitenciario; Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; María Soriano, directora de la Penitenciaría Nacional de La Victoria, y Harold Modesto, secretario general de la Oficina del Defensor del Pueblo.
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