agosto 2021


  Nueva York.- El Ministro de Turismo, David Collado, agotó hoy en Manhattan una larga agenda de reuniones con las principales aerolíneas norteamericanas, así como, tour operadores con base en los Estados Unidos, con los cuales firmó acuerdos de colaboración y de intención que buscan fortalecer las relaciones entre República Dominicana y dichas compañías en aras de impulsar el turismo en el país.

Collado firmó una decena de acuerdos con estas compañías,  con las cuales se explorará el cierre de promociones de paquetes vacacionales, campañas de mercadeo, apertura de nuevas rutas, entre otras acciones con las que se seguirá impulsando el ingreso de turistas norteamericanos a República Dominicana.

 

“Estados Unidos es nuestro aliado turístico por excelencia, por lo que seguiremos haciendo todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance para impulsar aún más ese mercado que ha sido el principal impulso que hemos tenido en la recuperación del turismo dominicano durante la pandemia” explicó el ministro Collado.

 

El interés del ministerio es poder hacer crecer el conocimiento de la marca país República Dominicana entre el mercado norteamericano, así como, dar notoriedad a las diferentes opciones de destinos turísticos dominicanos de las diferentes regiones del país, dijo .

 

Collado explicó a las diferentes aerolíneas y agencias que, República Dominicana es el único destino en la región donde el 100% de los empleados del sector están completamente vacunados con dos dosis, con la más baja tasa de incidencia de contagios en los polos turísticos por lo que el país es un destino seguro de viajar.

 

Entre las compañías que se reunieron con el ministro Collado están, Jet Blue, American Airlines, Expedia, Travelocity, Signature, American Society of Travel Advisors, Flight Centre, Destination Weddings, Frontier, entre otras.

 

El ministro Collado está agotando una agenda de tres días de trabajo en la ciudad de Nueva York donde también se reunió con autoridades dominicanas en la ciudad y ofrecerá una gran recepción para agentes de viajes y tour operadores del Estado de Nueva York.

 


Santo Domingo. -Más de mil trabajadores portuarios pensionados que residen en el interior del país solicitaron a Juan Rosa, director de Pensiones auditarles el pago de este mes en sus provincias, porque no pueden acudir a la capital para esa verificación por su estado de salud y precariedades.

Al dar la información, Silvio Ureña Mendoza, presidente de la Federación Dominicana de Trabajadores Portuarios, precisó que la mayoría de los pensionados de ese sector sobrepasa los 70 años, están enfermos o minusválidos.

 

El dirigente sindical dijo que la mayoría de esos pensionados vive en Manzanillo, Samaná, Azua, Barahona, Puerto Plata, La Romana y San Pedro de Macorís.

 

Indicó que, en una reunión con el Director de Pensiones, Juan Rosa, le explicaron la situación y se acordó en principio que los portuarios pensionados de Santo Domingo, Boca Chica y Haina, se verificarán en la Capital, y designo al señor Nimio Carvajal, encargado de nóminas y pagos de la Dirección de Pensionar para hacer una hoja de ruta y para fijar las fechas de pago, pero el funcionario se negó a aceptar la orden de su superior.

 

Manifestó que en ningún caso los portuarios se negaran a cooperar con la decisión del gobierno de transparentar los pagos a sus empleados y pensionados, al decidir que se hagan de manera presencial a través de cheques en este mes.

 

En ese sentido, añadió Silvio Ureña, lo que se procura es llamar la conciencia de las autoridades de lo difícil que resulta trasladar esas personas a la capital con un precario estado de salud y de abandono.

 

Llamó al Director de Pensiones, Juan Rosa, a retomar el caso de los portuarios pensionados para buscarle una salida satisfactoria para todos.


  


Santo Domingo. 31-8-2021.- La Comisión Permanente de Educación del Senado de la República, que preside el Lic. Valentín Medrano (Independencia), acordó rendir informe favorable sobre el proyecto de Resolución que solicita al Ministerio de Educación de la República Dominicana aplicar la indexación salarial a los maestros jubilados, tal como ordena la Ley general de educación 66-67. 

Esta propuesta es autoría del senador Dr. Bautista Antonio Rojas Gómez (Hermanas Mirabal), quien entiende que la ley debe aplicarse antes de que inicie el próximo año escolar. 

 

En el considerando segundo, el proyecto precisa que es un deber del Estado establecer las condiciones necesarias para que el profesional docente alcance un nivel de vida digno, un estatus y reconocimiento social acorde con su misión y que disponga de los recursos y medios indispensables para el ejercicio y perfeccionamiento efectivos de la labor desarrollada. 

 

En la reunión de la Comisión Permanente de Educación del Senado estuvieron los senadores Lic. Valentín Medrano (Independencia); Félix Bautista (San Juan); Melania Salvador Jiménez (Bahoruco); Lenin Valdez (Monte Plata); y Santiago José Zorrilla (El Seibo), vicepresidente del Senado. 

 

  


Provincia Peravia. -El vocero del Partido Revolucionario Moderno (PRM), en la Cámara de Diputados, Julito Fulcar, realizó a través de su Oficina de Gestión Social y Legislativa, ubicada en Baní, Provincia Peravia, un amplio operativo oftalmológico donde fueron atendidas más de seiscientas personas que recibieron consultas de forma gratuita.

Un equipo médico dotado de los más avanzados aparatos oftalmológicos, patrocinado por el legislador perremeísta, fue instalado en su oficina donde atendieron a personas de todas las edades.

“Tal y como nosotros anunciamos cuando inauguramos nuestra oficina de gestión social, desde aquí vamos a estar llevando una serie de jornadas solidarias para la población, en esta ocasión estamos desarrollando un operativo oftalmológico dirigido a los ciudadanos y ciudadanas sin importar bandería política o credo religioso”, destacó. 

A través de un aparato de alta gama, denominado autorefractómetro, se pudo detectar enfermedades oculares como la miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia.

A los pacientes que se determinó que necesitaban utilizar lentes, se le dotaron de los mismos también de forma gratuita. Los niños que fueron llevados por sus padres a la consulta recibieron regalos y kits de higienes para el control del coronavirus por parte del diputado Fulcar.

“Estamos examinando a más de seiscientas personas, le vamos a entregar lentes gratis a todo el que lo necesite. Además, vamos a entregar a motoconchistas 200 gafas de sol de manera gratuita y a los niños le vamos a estar entregando un kit de higiene”, informó. 

La actividad de salud fue realizada en coordinación con la Fundación Ramiro García, con la que el dirigente político estableció una alianza estratégica a través de su Oficina de Gestión Social y Legislativa.

“Aprovecho para informar que a partir de la próxima semana vamos a estar dando, una vez a la semana consulta de oftalmología gratis desde nuestra oficina y también estaremos dándoles lentes gratis a las personas que se examinen y lo necesiten”, anuncio el diputado Julito Fulcar. 

Acompañaron y apoyaron al profesor y dirigente cooperativista, Julito Fulcar, en el operativo oftalmológico, la gobernadora de la provincia Peravia, Angela Yadira Báez y otras autoridades gubernamentales.

  


 La institución apoyará dicho programa en su proceso de expansión

SANTO DOMINGO. -   Más de 52 mil personas fueron beneficiadas con las ventas de alimentos a bajos costos en el sector de Cristo Rey del Distrito Nacional, a través de las bodegas móviles del Inespre, como parte del Plan de Seguridad Ciudadana que desarrolla el Ministerio de Interior y Policía.

De junio a la fecha el Inespre ha enviado 101 bodegas móviles que han impactado a 13, 040 familias y a 52, 520 personas residentes en Puerto Isabela II, Las Flores, el Caliche, Cristo Rey Sur, Cristo Rey Norte y otras localidades del sector, según datos ofrecidos por la institución.

Iván Hernández Guzmán, director del Inespre, calificó como positivo y exitoso el trabajo conjunto de varias instituciones en el desarrollo del Plan con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los residentes de Cristo Rey, contribuyendo a la reducción de los niveles de delincuencia y criminalidad en la zona.

Mientras que Obispo de los Santos, subdirector del Inespre y enlace con el Ministerio de Interior y Policía anunció que la institución continuará apoyando dicho programa en su proceso de expansión en los sectores de La Puya de Arroyo Hondo, La Zurza y Ensanche La Fe en el  Distrito Nacional; así como en la provincia de San Francisco de Macorís.

De los Santos indicó que la institución seguirá ofertando una gran variedad de productos frescos y bajos costos a los residentes en dichos sectores.

Obtiene reconocimientos

En otro orden, el Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) obtuvo un  reconocimiento por parte de la Dirección de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG) por alcanzar un alto nivel de cumpliendo a las normativas contables vigentes para el sector público y suministrar informaciones fiables y oportunas, destinadas a la toma de decisión, rendición de cuentas y transparencia.

Esta es la primera vez que la institución recibe este galardón otorgado por la DIGECOG en el Sistema de Análisis del Cumplimiento de las Normativas Contables (SISACNOC).

Asimismo la entidad obtuvo una puntuación de 90.5 en el cumplimiento del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP) que mide los niveles de desarrollo de la gestión pública, y es realizado por el Ministerio de Administración Pública (MAP), ocupando la posición número 10 entre 366 instituciones del Estado.

 


La Coalición Ciudadana Cambiemos y el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF)  expresaron su profunda preocupación  y total rechazo al aberrante trato y violación encarnizada de los Derechos Humanos de los que son víctimas las mujeres afganas, cada vez que han arribado al poder el grupo terrorista “Los Talibanes”.

   Las entidades consideran que como siempre, las mujeres constituyen el eslabón más fino, cuando de vulnerar derechos a un grupo se trata, y que esta realidad asume ribetes catastróficos cuando se trata de decisiones y acciones de organizaciones o grupos de carácter totalitario como es el caso de “Los talibanes”. Y recordaron que cada vez  que este grupo ha asumido el poder en Afganistán (1996-2001) y en la actualidad, se ha ensañado de manera perversa en contra de las féminas, basado en una interpretación deformada y radical interpretación de la  sharía o código conductual del islamismo.

    Señalaron, que este “código talibán” entre otras prohibiciones y disposiciones contiene: la prohibición de la educación y el trabajo a las mujeres islámicas y a las niñas a partir de los 10 años, el desplazamiento o visitas a lugares públicos, ningún desplazamiento al menos que no sea con un familiar masculino(padre, hermano, primo, esposo etc.) la participación en actividades deportivas o festivas, recibir asistencia médica por un hombre, lo que pone en peligro sus vidas, ya que las profesionales en el área de la salud son muy pocas, ya que las niñas y mujeres no pueden estudiar. Igualmente, está prohibido  que en las actas de nacimiento de sus hijos aparezca  el nombre de la madre, que un lugar público o calle lleve un nombre femenino entre otros horrores. Esto además de la imposición de la Burka.

Cambiemos y CIPAF  hacen un llamado a los Estados Unidos y Rusia para que asuman sus cuotas de responsabilidad por la horrible situación por la que atraviesa el pueblo afgano, en especial las mujeres.  

“En sus luchas por agenciarse la supremacía geopolítica en el oriente medio, durante la guerra fría ambos instrumentalizaron la lucha en términos ideológicos, de tanto los talibanes como el estado islámico, sin importarles que impulsaran los valores del totalitarismo religioso, los cuales iban enfocados especialmente en contra de las mujeres. Ahora es el momento de reparar parte de estos daños asumiendo la defensa activa de los derechos de las mujeres afganas”, indicaron.

   Finalmente, las organizaciones de derechos humanos y feminista hicieron un llamado a la comunidad internacional para que intervengan lo que denominaron el “hecatombe”, que se cierne sobre las mujeres afganas.


Santo Domingo.- Decenas de organizaciones campesinas, sociales y comunitarias de la región Enriquillo, anunciaron este martes una jornada de paros escalonados que podría terminar en una huelga regional, debido a los abusos y atropellos cometidos por el Consorcio Azucarero Central (CAC), arrendatario del Ingenio Barahona, contra los agricultores de esa zona. 
Así lo hicieron saber en rueda de prensa los principales dirigentes de dichas organizaciones: Manuel Pérez (Manuel Lemba), Enrique González, Pedro Pascual García Méndez y Guillermo Mateo, quienes insisten en advertir al presidente Luis Abinader sobre refriegas que podrían producirse en el Suroeste su el mandatario no interviene directamente y ordena una solución urgente. 

Ellos entregaron un documento mediante el cual expresan su preocupación y dicen que los paros a iniciarse el día 14 de septiembre marca el inicio de una serie de acciones que serían contundentes e informan que no pararán su lucha hasta tanto el Consorcio Azucarero Central (CAC) para los desmanes cometidos en contra de las familias afectadas.  

El texto del documento entregado a la prensa es el siguiente: Las organizaciones más abajo firmantes nos enfrentamos a las pretensiones del Consorcio Azucarero Central (CAC) de acaparar ilegalmente la mayoría de las tierras de la Región Enriquillo para aumentar el latifundio cañero y profundizar la pobreza en la zona, por lo cual anunciamos el inicio de paros comunitarios escalonados para que el presidente Luis Abinader atienda nuestros reclamos.   

Los paros, en principio de tres horas cada día, iniciarán el martes, día 14 de septiembre, de 6:00 a 9:00 de la mañana, en las comunidades aledañas al CAMPAMENTO CAMPESINO LIBERTAD I en El Aguacatico, del municipio de Tamayo. Serán jornadas cívicas y pacificas donde se expresarán las comunidades que están siendo acosadas y violentadas por una empresa abusiva y un gobierno indolente. 

En esta primera jornada del martes 14, participarán el Distrito Municipal de Santana, y las comunidades de Los Conuquitos, Altamira, Guanarate, Bayahonda, San Ramón, Honduras, Batey Santana, Barranca y El Cerro.  

Anunciamos que, de continuar los abusos, la violencia y el robo descarado de las tierras destinadas a la producción de alimentos por parte del CAC, otras comunidades se sumarán de manera escalonada y ascendente a la protesta hasta paralizar toda la Región Enriquillo si el presidente Abinader insiste en su despropósito de seguir autorizando el uso de militares que pagamos los contribuyentes para que el CAC nos despoje de terrenos en los que obtenemos el sustento de nuestras familias desde hasta más de 100 años.  

El Primer Mandatario debe ordenar que el CAC, sus maquinarias y los militares dominicanos salgan de los proyectos de la Reforma Agraria en las provincias Bahoruco e Independencia.  

El presidente Abinader debe disponer en lo inmediato el cese de la violencia y destrucción de cultivos por parte del CAC y lo hacemos responsable de las consecuencias fatales que puedan derivarse el accionar de esta empresa abusadora, por no ponerle límites a sus desmanes. 

El rol del Ministerio de Agricultura, el Instituto Agrario Dominicano (IAD), el Banco Agrícola, el INDRHI y las demás instituciones del sector agropecuario es realizar los desmontes, rehabilitaciones del sistema de riego, construcción de los drenajes para desalinizar los suelos, entrega de semillas, materiales de siembra y proveer créditos a tasa cero(0), para que los agricultores y parceleros se dediquen a la producción de alimentos.  

Es un contrasentido y un verdadero escándalo que instituciones del Estado como el CEA y el IAD abandonen las misiones para la que fueron creadas para dedicarse a despojar a los campesinos de sus tierras mediante la violencia y usando mafias para favorecer al CAC.  Monte Grande para el CAC.- Es también un abuso del presidente Abinader creer que una inversión superior a los 500 millones de dólares de los fondos que pagamos por vía de impuestos fiscales para terminar la construcción de la Presa de Monte Grande y sus obras complementarias para beneficiar de manera casi exclusiva a una empresa mafiosa como el CAC, que no cumple con sus obligaciones asumidas en función del contrato de arrendamiento del Ingenio Barahona.  Hemos propuesto en más de una ocasión que la solución a esta problemática es la terminación del contrato de arrendamiento del Ingenio Barahona y la creación de más de 12 mil empleos con su cooperativizacion.  

FIRMADO Campamentos Campesinos Libertad 1 y Libertad 2. Tamayo. Articulación Nacional Campesina (ANC), Centro de Promoción Campesina Lemba, INC: Federación de Productores Agrícolas y Asociaciones Campesinas del Sur (FEPROASUR) Bloque Campesino Sur-Sur del Movimiento Campesino Dominicano (MCD) Comité Intercomunitario La Cuenca Por Dentro (CODEI).  Asociación Cabraleña de Jóvenes Emprendedores Por el Desarrollo Sostenible (ASOCAJEDS). Comité Pro-Recuperación del Ingenio Barahona. Asociación Apícola Cabraleña Junta Campesina Manuel Feliz Santana de la Zona Cañera Federación de Mujeres de la Provincia Barahona Federación de Mujeres de la Provincia Bahoruco Centro de Educación y Asistencia Jurídica (CEAJURI) Asociación de Agricultores y Parceleros el Aguacatico, Tamayo Asociación Mama Tingo, El Jobo Tamayo Asociación Campesina Santa Bárbara, Batey 6 Federación de Juntas de Vecinos de Barahona. Cooperativa de Productores Agropecuarios y Servicios Múltiples de Galván (COOPASEMUGA). Asociación de Parceleros La Realista Proyecto AC-59. Villa Jaragua. Unión de Trabajadores Cañeros- UTC- Comité por el Rescate de la Laguna de Rincón. Focodeca / Majagual Avanza Comité de Seguimiento Para la Gestión Local (COSEGELO), Cabral. Cooperativa de Producción, Trabajo y Servicios Múltiples (COOPSAPRO). Asociación Pro-Desarrollo del Municipio de las Salinas (APRODESA). Asociación de Desarrollo Agropecuario e Industrial de Las Salinas (ASODAINSA) Asociación de Mujeres María Trinidad Sánchez, Jaquimeyes. Asociación de Mujeres Amancia Figuereo, Palo Alto.


 


SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso reiteró este martes que el Ministerio Público siempre se encuentra listo para conocer de los expedientes en audiencias abiertas, al dirigirse a los jueces que revisan las medidas de coerción a los implicados del Caso Medusa, imputados de corrupción, extorsión, cobro de sobornos y lavado de activos.

Reynoso dejó claro que “es absolutamente falso” lo planteado por una barra de la defensa del expediente encabezado por el imputado Jean Alain Rodríguez, ex procurador general de la República, en el sentido de que el Ministerio Público objetó en algún momento el conocimiento del caso en audiencia abierta con acceso a la prensa.

“Ya vieron que el Ministerio Público informó al tribunal, que conste en acta, que ha sido coherente con su planteamiento desde primer grado, en todas las audiencias; absolutamente en todos los casos: el Ministerio Público conoce del proceso como el tribunal decida”, dijo.

“Que si el tribunal decide conocerlo a puertas abiertas, como lo ha decidido, el Ministerio Público no tiene ninguna objeción”, reiteró.

“Nosotros estamos listos para conocer el proceso en las condiciones que sea, siempre que sea conforme a la ley”, sostuvo la titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.

“En términos llanos, lo que implica es que si todas las partes en un sistema acusatorio están de acuerdo con un punto y ese punto no violenta el derecho, el tribunal en un sistema acusatorio no tiene de otra que acoger esa petición de las partes”, recordó en tono didáctico.

Los jueces Doris Josefina Pujols, Carmen Mancebo y Daysi Montás, de la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, dispusieron la entrada de la prensa a la sala de audiencia en la que el exprocurador Rodríguez y el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación de la Procuraduría, Javier Alejandro Forteza Ibarra, buscan la variación de la medida de coerción que les impuso en primera instancia.

El exprocurador Rodríguez guarda prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-20) Najayo San Cristóbal, al igual que los coimputados Alfredo Alexander Solano Augusto, Javier Alejandro Forteza Ibarra y Jonnathan Josel Rodríguez Imbert.

El Ministerio Público ha recabado múltiples pruebas que siguen blindando las imputaciones iniciales y abren nuevas líneas de investigación en la Operación Medusa, un caso en el que cada vez surgen más evidencias del entramado de corrupción que encabezó el ex procurador general.

Los órganos de persecución del Ministerio Público acumulan pruebas que van desde grabaciones hasta cheques con conceptos disfrazados utilizados en los procesos de contrataciones públicas irregulares para el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario.

Los contratistas eran obligados a devolver, bajo acuerdo en algunos casos, presión y chantaje en otros, incluso con transacciones bancarias, cuantiosas  sumas de dinero en sobornos de los mismos pagos que les hacía la gestión de Jean Alain Rodríguez.

Los imputados del Caso Medusa realizaban licitaciones irregulares en las que se abrían los sobres de los oferentes previamente, se les facilitaban los precios a oferentes que participaban en procesos de compras por comparación de precios para que conocieran las tarifas de sus competidores y pudieran ser los seguros ganadores. En ese esquema de corrupción se sabía de antemano a quiénes se iba a beneficiar.

A uno de los suplidores, por ejemplo, se le solicitó subir los precios del aprovisionamiento del bien mueble para los privados de libertad en RD$62 millones, para llevarlo a entrar en un juego de extorsión en el que el exprocurador Rodríguez y los coimputados de su entorno exigían y cobraban sobornos de una manera burda.

Las transacciones de los sobornos de suplidores con los implicados en la red de corrupción y lavado de activos desmantelada con la Operación Medusa incluyen además robo de identidad y un esquema de falsificaciones de documentos realizados desde la misma Procuraduría General de República, lo que se hacía como parte de una maniobra fraudulenta para estafar al Estado distrayendo fondos millonarios de los contribuyentes.

El órgano de justicia les imputa la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado.

Enfrentan, además, cargos de infracción al artículo 3, párrafo, de la Ley 712, que tipifica el desfalco y que modifica los artículos 171 y 172 del Código Penal, así como a los artículos 5, 6 y 10 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, por haber incurrido en actos de acceso ilícito, daño o alteración de datos y sabotaje. El Ministerio Público también les imputa cargos de violación a los artículos 1 y 2 de la Ley 488-06, sobre Soborno.

El exprocurador Jean Alain Rodríguez y sus colaboradores y relacionados están imputados, además, de infringir varios artículos de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

 


El Colegio Dominicano de Médicos Veterinarios deploró que todavía a más de un mes de diagnosticada en el país la Peste Porcina Africana (PPA), las autoridades agropecuarias oficiales no hayan presentado y dado a conocer a las instancias involucradas con la sanidad y producción porcina los detalles del plan nacional de prevención, control y erradicación, como se estila con enfermedades de tanta gravedad como esta.

Afirmó el gremio de los veterinarios, que ya la PPA está presente en todas las regiones del país, y que no basta solamente con eliminar los cerdos en las crianzas y granjas donde es diagnosticada la enfermedad, actividad que en muchos casos se hace sin considerar todas las normativas técnicas y sanitarias propias del manejo en estos casos, ni las medidas en términos epidemiológicos y de bioseguridad que deben aplicarse.

Además alertaron sobre la gravedad que representa para la industria porcina y el país la presencia de la PPA, por ser una enfermedad viral de rápida diseminación, alto contagio y elevada mortalidad, que a veces mata el 100 por ciento de los cerdos de la granja afectada. Una catástrofe para la industria porcina nacional, que por demás representa una amenaza para la producción porcina continental.

Señalaron que están altamente preocupados por la forma que se vienen implementando las operaciones de prevención y control de la enfermedad, que dada la gravedad del caso, las autoridades debieran disponer de los mejores especialistas en materia de sanidad animal y epidemiología que cuenta el país, planificar mejor y aplicar con rigurosidad las normativas, protocolos y procedimientos requerido para esos fines.

Debilidades históricas

El Dr. Pedro Rodríguez, presidente del COLVET, quien sirvió de vocero del gremio de profesionales, enfatizó que la gran parte de las deficiencias que están sucediendo en el manejo de la PPA son producto de la ausencia  de un sistema nacional de sanidad animal que funcione permanentemente y que contemple un estricto y riguroso programa de vigilancia epidemiológica y bioseguridad de los establecimientos y eslabones que integran la cadena productiva de las diferentes especies animales.

Nuestro Colegio hace tiempo que viene expresando la preocupación en ese sentido. Es lo que explica que todavía una semana antes de publicarse la presencia de la PPA, autoridades del Ministerio de agricultura y la DIGEGA anunciaban a la prensa que la población porcina del país estaba completamente sana, no obstante las opiniones de profesionales de la medicina veterinaria que le dieron seguimiento a los cerdos en las provincias de Monte Cristi y Sánchez Ramírez y otros puntos del país.

Resulta muy cuesta arriba,  que conociéndose las características de fragilidad de nuestra frontera con Haití, no tuviéramos ahí un dispositivo permanente de vigilancia epidemiológica que nos permitiera evitar o actuar con la debida rapidez ante cualquier contingencia de índole sanitaria que afecte la producción de alimentos de origen animal. Ni siquiera tener en el LAVECEN los equipos y los Kits necesarios para análisis de PPA, a pesar que habíamos tenido esa enfermedad y contar con la presencia actual de la Peste Porcina Clásica.

El COLVET valora el pago que se viene haciendo a los criadores que les eliminan sus cerdos a causa de la enfermedad, cuya cantidad invertida se acerca a los 200 millones de pesos pagados a más de 700 porcicultores, monto que en los próximos días podría alcanzar los 400 millones cuando sean 2 mil criadores los afectados, como se espera. Asimismo valoraron  la presencia de los organismos internacionales como OIE, OIRSA y FAO, entre otras, y países que como Estados Unidos han acudido en ayuda del país.


El COLVET propone

• Ante la situación descrita y la importancia económica, social y cultural de la industria porcina nacional, señaló el Dr. Rodríguez, que el momento demanda del concurso de todos los actores de la cadena porcina y los países del continente cuya industria porcina, por su importancia, amerita disminuir los riesgos y amenazas que representa la presencia de la PPA en República Dominicana, como son los casos de Estados Unidos, Brasil, Méjico y Canadá, sobre todo.

• El momento demanda unir los esfuerzos y voluntades disponibles para crear una estructura de ejecución y de consulta con un sólido soporte profesional que diseñen y apliquen, junto a organismos internacionales, las estrategias pertinentes para superar esta situación de la mejor manera posible, como se logró cuando la misma enfermedad nos afectó en el año 1978.

• Es imprescindible que el gobierno central provea a la unidad ejecutora a crearse, los recursos necesarios para su operación, de forma que disponga una estructura operativa y de un cuerpo profesional especializado con logística de movilidad y retribución económica, que a la vez permita el establecimiento de un eficiente sistema de vigilancia epidemiológica, prevención y control de la PPA, aplicar correctamente las normas y protocolos de sacrificio, incineración y enterramiento de animales, desinfección de instalaciones, control movimiento de cerdos, carnes y subproductos, y que los porcicultores apliquen en sus granjas efectivos sistemas de bioseguridad.

• Hay que habilitar el Laboratorio Veterinario Central (LAVECEN) de los equipos, reactivos e indumentarias que se requieren para poder dar respuestas diagnósticas rápidas, aspecto que junto a lo planteado anteriormente resultan indispensables para lograr el éxito en los programas de prevención, control y erradicación de las enfermedades.

• No podemos continuar sin definir los puntos y el área de la franja fronteriza que se prohibirá la crianza de cerdos, como contempla el decreto que emitió el Presidente sobre la PPA, lo cual requiere un estudio epidemiológico y de georreferenciación.

• Resulta sumamente importante mantener y agilizar aún más  el sistema de eliminación de todas las crianzas positivas a PPA y las del perifoco, y prohibir aquellas que por su sistema de producción y ubicación representen peligros de contagio y diseminación de la PPA a la producción porcina  organizada.

• Es necesaria la gestión conjunta entre porcicultores y autoridades para la preservación de granjas industriales y centros genéticos porcinos, siempre y cuando las condiciones de bioseguridad, sanitarias y manejo lo permitan, ya que eso hará más viable la reposición del inventario porcino nacional y poder satisfacer la oferta futura de carne de cerdos a la población.

• Es una urgencia que las autoridades  del Gobierno Central, el Ministerio de Agricultura y la DIGEGA se aboquen a encabezar un proceso de integración de los sectores e instituciones que tienen involucramiento con la cadena de sanidad y producción porcina, que permita unir todos los esfuerzos posibles para que el país supere con éxitos la crisis que en la industria porcina ha generado la PPA.

• Finalmente el COLVET reitera a las autoridades, los porcicultores y el país su disposición sin reservas de colaborar, y que los médicos veterinarios involucrados se les faciliten los incentivos y las condiciones de trabajo que les permitan ofrecer con dignidad y eficazmente su labor profesional, por ser la prevención, control y erradicación de las enfermedades animales una actividad científica propia de estos profesionales, cuya principal responsabilidad recae en manos del Estado a través de sus instituciones vinculantes.  

 


MSP notifica letalidad se ubica en 1.14

Santo Domingo, República Dominicana. –El Ministerio de Salud Pública, a través del boletín #530 emitido este martes por su Dirección General de Epidemiología (DIGEPI) notificó que en el día de ayer se procesaron 3,223 muestras, de las que 156 resultaron nuevos casos positivos al SARS COV-2.

En este reporte la DIGEPI indica que la positividad diaria está en 6.48 % y la acumulada en 5.99%, con 36 casos positivos nuevos en la provincia Santo Domingo, 32 en el Distrito Nacional, 15 en Santiago, 14 en La Vega.

El informe resalta que a la fecha República Dominicana tiene 4,978 casos activos, 350,173 registrados, con 341,187 pacientes recuperados de la enfermedad y 1,604,886 casos sospechosos han sido descartados.

Ocupación hospitalaria

La Red Hospitalaria cuenta con 2,604 camas COVID de las que 425 están ocupadas, para un 16 por ciento, con 136 camas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) ocupadas de las 609 de que dispone el sistema para pacientes afectados por la enfermedad, lo que representa un 22 por ciento.

En tanto que, de un total de 519 ventiladores del sistema 84 personas están conectadas, para un 15 por ciento.

De estas muestras procesadas, reseña que se hicieron 628 de 'Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) y 2,595 de antígeno, de las que 2,409 se hicieron por primera vez, y 814 fueron subsecuentes.

También, señala que el total de muestras procesadas en el país desde que inició la pandemia es de 1,955,059 equivalentes a 187,114 por millón de personas.

Grupos de riesgo

Los grupos de riesgos continúan siendo en personas que presentan comorbilidades, el documento oficial estadístico que recoge estos datos señala que por hipertensión los fallecidos corresponden a un 25.30 por ciento, mientras que por diabetes un 15.79 por ciento.

De igual manera establece que las mujeres en estado de embarazo afectadas por el coronavirus son a la fecha 1,227, los trabajadores de la salud 1, 409 y los menores de 20 años unos 38,050.

Así mismo reporta que desde que inició la pandemia en el país, han fallecido 4,008 personas, con una letalidad de 1.14 por ciento y la mortalidad por millón de habitantes, se ubica en 383.60.

Las autoridades continúan su llamado a la ciudadanía de no bajar la guardia ante esta mortal y variante enfermedad, manteniendo las medidas de higiene y protocolos establecidos, como única forma de evitar su propagación.

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