Al Tanto Digital

31 de marzo del 2021.- Con el objetivo de continuar rediseñando el sistema integral de transporte público de pasajeros de la República Dominicana, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), conjuntamente con el Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PROMIPYME), firmaron este miércoles un acuerdo interinstitucional para promover el financiamiento de motocicletas eléctricas, como parte del Plan Nacional de Movilidad Eléctrica.

Durante la firma, el director del INTRANT, Rafael Arias, quien especificó que la Ley 63-17 categoriza el motoconcho como un medio de transporte, señaló que con este pacto elevarán el proceso de regularización de ese sector y resaltó que “ni PROMIPYME ni el INTRANT le impondrán al usuario del vehículo de dos ruedas cuál motocicleta debe elegir” y en ese sentido, aclaró que “solamente estableceremos la capacidad de la motocicleta para fines de control de velocidades”, especificó Arias.

En ese mismo orden, el director de PROMIPYME, Porfirio Peralta, dio a conocer los pasos que deben agotar los interesados para la obtención de las motocicletas.

Peralta señaló que los interesados deben tener licencia de conducir al día, documento de afiliación de alguna federación o parada, permiso de certificación correspondiente del INTRANT, certificado del curso de manejo defensivo y disponer de un 20 por ciento del valor de la compra del equipo. Así como presentar la solicitud, ser dominicano mayor de edad, copia de la cédula, cotización para adquirir la motocicleta, revisión y análisis de la solicitud de PROMIPYME, desembolso del préstamo, presentar el recibo del pago correspondiente al 20 por ciento del valor de la motocicleta, entre otras.   

El convenio se enmarca atendiendo a la situación actual del transporte de pasajero público del país, que demanda un sistema integral y moderno que garantice la movilidad y accesibilidad a sus usuarios, que contribuya en la reducción de contaminación ambiental, por lo que ambas instituciones apoyan la implementación del Programa de Transformación del Transporte de Dos Ruedas, el cual iniciará con un plan piloto en diversas paradas de mototaxis, ubicadas en diferentes demarcaciones del Gran Santo Domingo.

Durante la firma del convenio rubricado por Rafael Arias, director ejecutivo del INTRANT, y Porfirio Peralta de PROMIPYME, informaron que la etapa inicial de este proyecto, denominado “Plan Piloto Ciudad Inteligente” (PPCI), consiste en la sustitución de motocicletas de gasolina por motocicletas eléctricas en el reglón de transporte de dos ruedas.

Además, los mototaxistas estarán provistos de indumentaria apropiada, identificación visible y a las motocicletas se les instalará un sistema GPS para obtener la ubicación permanente de las mismas, etc.

De su lado, el INTRANT acompañará este Plan de Movilidad Eléctrica en los aspectos técnicos, logísticos, en coordinación con los ayuntamientos de cada municipio.

En ese mismo orden, la Institución que rige el transporte en el país se velará de los cumplimientos normativos, registro de licencias, formación personal, educación vial y la organización de los mototaxistas.

En cambio, PROMIPYME se compromete a implementar un sistema de financiamiento con visión de eficiencia y mejoría en el sector. Es decir, que financiará las motocicletas eléctricas que adquirirán los mototaxistas y así sustituir las motocicletas actuales que funcionan con gasolina.

Las motocicletas serán importadas libremente, por empresas privadas que las venderán a los mototaxistas con las mejores facilidades de financiamiento.

En cuanto a la parte legal, ambas instituciones se comprometen a dar seguimiento a la coordinación, ejecución, supervisión y cumplimiento del acuerdo contraído.

En la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, se contempla los principios de básicos de su aplicación que son movilidad urbana y accesibilidad, seguridad vial, sostenibilidad ambiental, sistema integral de tránsito y transporte terrestre, desarrollo urbano, competencia desleal, competitividad, y desarrollo urbano.

Por tal motivo, la Caasd mantiene un plan de contingencia a corto, mediano y largo plazo para enfrentar los efectos de la escasez de agua potable en algunos municipios y sectores que se abastecen de los acueductos Haina Manoguayabo, Duey, Isa Mana, Isabela y Barrera de Salinidad (en menor proporción).

Los sectores más afectados son: Los Alcarrizos, Pedro Brand, Santo Domingo Oeste, Pantoja, Los Girasoles, los residenciales ubicados en la avenida República de Colombia y otros del Distrito Nacional, señala un comunicado de la Corporación.

El director de la Caasd, Felipe Suberví, exhortó a racionalizar el agua para hacer frente a la calamitosa situación.

El Tribunal acogió en todas sus partes las pruebas documentales, materiales y periciales recopiladas en la investigación, que comprometen la responsabilidad del imputado con el delito de traficar con sustancias controladas en el interior del recinto penitenciario, y en perjuicio del Estado dominicano.

Ante el juzgado competente, el Ministerio Público sostuvo que García Hernández debía responder en juicio de fondo por el hecho de que en marzo de 2020 agentes militares que custodian el recinto lo sorprendieron portando varias porciones de marihuana y cocaína.

La Fiscalía de Hermanas Mirabal detalló que mientras los agentes hacían las supervienes de lugar, García Hernández se mostró sospechoso, por lo que procedieron a revisarlo. Encontraron en su poder dos porciones de marihuana de aproximadamente 32.1 gramos, así como una porción de 500 miligramos de cocaína, según certifica la pericia química del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).   

El encartado guardaba prisión preventiva por ocasionarle heridas con arma de fuego a Richard Eduardo Cepín Martínez, en diciembre de 2019 en el populoso sector Los Mangos, del municipio Salcedo.

El Tribunal dispuso la variación de la medida de coerción de prisión preventiva por presentación periódica de García Hernández, quien deberá esperar la notificación de la fecha del inicio del juicio de fondo por este nuevo delito.

El órgano de justicia destacó que el imputado violó los artículos 4, letra b; 5, letra a, y 6, letra a, así como 75, párrafo I, de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas.

VILLA ALTAGRACIA (San Cristóbal).- El Ministerio Público solicitará en las próximas horas la imposición de medidas de coerción contra seis policías arrestados por matar a una pareja de esposos en esta localidad, durante un hecho ocurrido la noche del martes y en el que una persona también resultó herida.

La fiscal titular de Villa Altagracia, Fátima Sánchez, informó que el Ministerio Público hace el levantamiento de las evidencias para proceder a solicitar al Juzgado de la Instrucción que le imponga un año de prisión preventiva a los imputados y que el proceso sea declarado complejo.

Al caso están vinculados el segundo teniente Victorino Navarro, el sargento Domingo Perdomo Reyes, los cabos Norquis Rodríguez Jiménez y Ángel de los Santos, y los rasos Antonio Castro Pérez y Juan Samuel Ogando Solís, quienes formaban parte de la Policía Preventiva.

El grupo de procesados integraba la patrulla policial investigada por provocar la muerte a tiros a Eliza Muñoz Marte, de 32 años de edad, y a su esposo Joel Díaz, así como heridas al joven Claudio Alberto Ramírez Lamais, de 29 años. La pareja fue declarada muerta en un hospital de la zona al que los tres fueron trasladados.

Las víctimas y otras dos personas de la que una resultó herida, se desplazaban a bordo del carro marca Kia, color blanco, impactado por múltiples disparos mientras se desplazaba a la altura del Kilómetro 43, de la autopista Duarte.

La pareja y sus acompañantes retornaban a Santo Domingo, luego de participar en el cierre de una campaña religiosa en una iglesia evangélica del sector Los Ganchos, del municipio Villa Altagracia, provincia San Cristóbal.

La fiscal Fátima Sánchez aseguró que el Ministerio Público está poniendo todo su empeño en la investigación y procurará las sanciones contra los implicados en el hecho.

El órgano de justicia comprobó ante el Tribunal Colegiado correspondiente a esta demarcación, que luego de matar a madre e hija, incendió la vivienda  pretendiendo borrar evidencias, ocasionando quemaduras de 100 grados en los cuerpos de ambas.

En la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Asdriynes Bruno Tejada, quien aportó las pruebas para lograr obtener la pena máxima, que corresponde a este tipo de casos.

En la sentencia establece que el procesado deberá pagar una multa y de seis salarios mínimos, en favor de la familia de las víctimas.

La medida está contenida en la Resolución DJ-007/2021 emitida por el Mitur, la cual será aplicable a los días del 1 al 4 de abril de 2021, correspondiente del Jueves al Sábado Santo y Domingo de Resurrección, hasta el lunes 5 de abril de 2021 a las siete de la mañana.

La misma tiene como único propósito velar por la seguridad de los que visitan estos lugares de esparcimiento durante la Semana Mayor.

Se establece que, “queda prohibido el uso de motocicletas, Four Wheels y vehículos de motor dentro de las playas a nivel nacional”, mientras que, la prohibición del uso de Jets Ski/Wave Runner y Banana Boats abarca las playas y balnearios de todo el país, indica los numerales (e) y (f) de la citada ordenanza.

La prohibición se añade a las medidas adoptadas por la referida resolución prohíbe la celebración de fiestas, eventos, conciertos y otras actividades que conlleve música y que contribuyan a la aglomeración de personas en playas, balnearios y establecimientos hoteleros.

Otra disposición, a los fines de evitar la aglomeración de personas, establece la prohibición de las casas de campaña y similares en las playas.

Al respecto, el ministro de Turismo, David Collado, ha sido reiterativo en señalar que la salud, la seguridad y el bienestar son la prioridad de la institución.

Collado ha manifestado que, “el turismo no es lujo, el turismo tiene un rostro humano, son 500 mil hombres y mujeres que viven de este sector, es el 15% de nuestra economía y si algo ha dejado claro esta pandemia, es el principal industria es el turismo, por eso hay que cuidarlo y protegerlo”.

En uno de sus considerandos, la resolución establece que “dada la situación actual que enfrenta el mundo como consecuencia del Covid-19, se hace la disposición de una serie de medidas de seguridad que permitan la realización de las actividades turísticas estableciendo una serie de parámetros y lineamientos que controlen y mitiguen los efectos de la referida pandemia”.

En dicha disposición, firmada por el ministro de Turismo, David Collado, se solicita al Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), velar por el fiel cumplimiento de esta resolución, a la vez que solicita al Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Defensa Civil, Centro de Operaciones de Emergencias (COE), así como a cualquier otra institución del Estado dominicano, prestar su colaboración para el cumplimiento de los fines precedentemente indicados.

Santo Domingo, D. N., 31 de marzo del 2021.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, dijo hoy que la ejecución de la pareja de esposos, por parte de una patrulla policial en Villa Altagracia, luego de ser confundido el vehículo en el que viajaban con uno al que daban seguimiento, corrobora el informe dado a conocer ayer por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, sobre abusos policiales; a juicio del presidente de la entidad Julio César De la Rosa Tiburcio, este hecho junto a la ejecución de un coronel de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, el 24 de diciembre del 2020, luego de ser perseguido, constituyen faltas graves del cuerpo policial, como resultado de una gestión ineficiente de su director, por lo que pedimos su renuncia inmediata, para evitar que hechos abominables, como los señalados.

“La ejecución de la joven pareja, constituye una respuesta al informe el Informe anual de Derechos Humanos correspondiente al año 2020, dado a conocer en el día de ayer, por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en  el que hace duras críticas a la República Dominicana, por la corrupción grave del gobierno, especialmente entre altos funcionarios, la impunidad oficial, problemas graves con la independencia del poder judicial, así como denuncias de asesinatos ilegales y arbitrarios por parte de las fuerzas de seguridad del Estado”. Dijo el vocero de ADOCCO.

Otros de los problemas destacados por el informe, sobre el respeto a los Derechos Humanos, registrados en el país son tortura por parte de la policía y otros agentes del gobierno; condiciones penitenciarias severas y que ponen en peligro la vida y  detenciones arbitrarias, así como la injerencia arbitraria en la vida privada; difamación penal de periodistas individuales; corrupción grave del gobierno; tráfico de personas y violencia policial contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales, precisando, que el gobierno adoptó ciertas medidas para penalizar a los funcionarios que cometían abusos contra los derechos humanos, pero existen informes generalizados sobre la impunidad oficial y la  corrupción, especialmente entre altos funcionarios.

Corrupción y falta de transparencia en el gobierno

El informe destaca que “el gobierno no implementó la ley de manera efectiva y los funcionarios con frecuencia se involucraban en prácticas corruptas con impunidad; la Procuraduría General de la República, investigó a funcionarios presuntamente corruptos; las ejecuciones extrajudiciales de civiles por parte de agentes de la Policía Nacional son un problema, de acuerdo a los datos del gobierno, más de 3.000 personas murieron durante enfrentamientos con la policía o las fuerzas de seguridad entre 2007 y marzo de 2019, desconociéndose, el número exacto de ejecuciones extrajudiciales”. Establece el informe.

El documento servido por la embajada de Washington en Santo Domingo estableció que la “Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, informó sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas por la policía, varias de ellas relacionadas con el toque de queda nocturno impuesto por el gobierno en respuesta a la pandemia de la Covid-19; precisando el informe del Departamento de Estado que “En mayo”, “las trabajadoras sexuales de Santo Domingo informaron a los medios de comunicación de que los agentes de policía las golpeaban sistemáticamente cuando intentaban trabajar, en violación de las prohibiciones establecidas por la pandemia”. Concluyó.

Fueron habilitados los Centros de Servicios del Distrito Nacional y San Francisco de Macorís. También, las oficialías de la 1era y 10ma circunscripción del Distrito Nacional; las oficialías de la 1era y 2da circunscripción de San Francisco de Macorís; la Oficialía de la 7ma circunscripción de Santo Domingo Norte; y la 3era Circunscripción de Santiago de Los Caballeros.

“Todos los equipos instalados han pasado por el proceso de chequeo y configuración de manera exitosa”, expresó Raquel Sánchez, subencargada del Centro de Servicios y Legalización de San Francisco de Macorís.

También dijo que los servidores de dicho centro se encuentran entusiasmados por iniciar con este proyecto, que representará un ahorro significativo en tiempo, recurso y logística al ciudadano que solicite actas.

La asistente administrativa de la 3era Circunscripción de Santiago de los Caballeros, Paula Corona, expresó que tanto el personal técnico como el personal de la oficialía se han estado capacitando sobre este proyecto para que se ejecute de manera positiva.

La Junta hizo de conocimiento público y reiteró que, a partir de este lunes 5 de abril, estarán circulando dos tipos de actas: una que incluirá nuevos elementos de seguridad y no requerirá legalización; y otra con el formato tradicional que requerirá su respectiva legalización, ya que continuarán siendo emitidas por las oficialías que no están incluidas en el plan piloto

La información fue ofrecida por el director de la institución, Víctor Pichardo, quien adelantó que desde hoy mantienen un operativo permanente para que, a través de los helipuertos de emergencia, se ofrezcan los servicios a la sociedad dominicana en este período.

Pichardo citó, además, el reforzamiento del protocolo contra el covid-19 establecido en los aeropuertos del país, a través del Gabinete de Turismo, para que los visitantes que lleguen al país puedan hacerlo de una manera segura.

“El turista tiene en la República Dominicana toda la disponibilidad y todos los espacios necesarios para retomar las áreas de diversión”, expuso el funcionario durante su participación vía telefónica en el programa especial de El Gobierno de la Mañana, de la emisora Z101.

Resaltó las facilidades establecidas, como son el formulario digital o E-ticket que debe ser llenado a la entrada o salida de territorio dominicano, al cual se puede acceder a través de las páginas web de instituciones como el DA, Ministerio de Turismo, Dirección General de Aduanas, la Dirección General de Migración y otras.

Preguntado sobre los proyectos del sector en Pedernales, Pichardo expuso que en esa demarcación, que ha sido el sueño del presidente Luís Abinader, se están estableciendo todas las condiciones para desarrollar esa zona como un destino turístico.

Señaló que en estos momentos la institución que dirige trabaja en habilitar y poner en condiciones óptimas el aeropuerto doméstico de Cabo Rojo, para que en la medida en que se desarrolle el proyecto de expansión del turismo, los empresarios, inversionistas o interesados puedan aterrizar en esa plataforma, en la medida en que se avanza en la construcción del aeropuerto internacional de Pedernales.

“En estos momentos se está trabajando en los levantamientos, en los estudios para que esa zona de Pedernales pueda desarrollarse”, dijo Pichardo,  tras destacar que por primera vez en el país, todas las agencias que intervienen en el sistema aeroportuario y aeronáutico, con son IDAC, JAC, CESAC, FAD y otras, trabajan de manera conjunta en el esfuerzo de colocar al sector al nivel de la aviación privada que pasa por el área del Caribe.

Unos 10 empleados se presentaron la mañana de hoy, en la sede del Ministerio de Turismo buscando respuesta a su situación laboral, ya que manifestaron que no aguanta más tiempo trabando sin devengar ningún pago por sus labores.

El grupo de servidores alegó que fueron suspendido ayer martes, por el supervisor José Torres (Fracatán), sin darle ninguna respuesta sobre los cinco meses sin pagarle sus honorarios.

Los colaboradores de Ceiztur explicaron que iniciaron sus servicios el primero de diciembre del 2020 y que hasta la fecha no les han dado respuestas sobre sus honorarios.

Indicaron que la brigada realiza servicio de limpieza en los entornos del Monumento Fray Antonio Montesino y diversas áreas del Malecón de Santo Domingo, por lo que apelaron a la sensibilidad del ministro de Turismo, David Collado, para que lo ante posible regularice su situación laboral.

El documento resalta que es la tercera ocasión que el MEM, encabezado por el ingeniero Antonio Almonte, logra sacar la máxima calificación en transparencia. 

La evaluación corresponde al mes de enero del presente año en la cual la DIGEIG tomó en cuenta varios ejes: declaración jurada de bienes, procesos de compras y contrataciones, información básica sobre servicios públicos, nómina de empleados, colocación de informaciones en el portal web institucional, entre otros aspectos. 

“El Ministerio de Energía y Minas tomará esta calificación como parámetro para seguir realizando una gestión de calidad, apegada a los principios y la ética y brindando siempre un servicio oportuno y eficiente a la ciudadanía”, resaltó el ingeniero Almonte. 

De acuerdo con el informe presentado por la DIGEIG, el Ministerio de Energía y Minas logró obtener la máxima calificación debido a que ha fortalecido la buena práctica de la administración, fomentando la transparencia y cumpliendo con las normas que exige dicha entidad.  

El documento indica que esta evaluación también toma en consideración el tiempo de respuestas atendidas a solicitudes realizadas por ciudadanos y ciudadanas, conforme a lo establecido en la Ley General No. 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública. 

Santo Domingo. – Tras meses de negociaciones y gracias a la intermediación del Ministerio de Trabajo, la empresa Falconbridge Dominicana (Falcondo) y el Sindicato Unido de Trabajadores de dicha empresa minera, rubricaron el pacto colectivo de condiciones de trabajo.  

La interveción del Ministerio se produjo debido a las dificultades que impedían que ambos sectores llegaran a un acuerdo, por lo que la firma del convenio representa un importante hito para ambas partes y para la continuidad de las operaciones del sector.  

Durante la firma, la cual se produjo en un acto protocolar celebrado en la sede central del Ministerio de Trabajo la mañana de este miércoles, estuvieron presentes los señores Luis Miguel De Camps García, ministro de Trabajo; Ioannis Moutafis, presidente y gerente general de Falconbridge Dominicana S.A., y Valentín Ramírez, secretario general del Sindicato Unido de Trabajadores.  

Al dirigirse a los presentes, el ministro Luis Miguel De Camps expresó que el convenio constituye un precedente importante para los trabajadores y para el sector privado, ya que demuestra que es posible la construcción de consensos mediante el diálogo incluyente, al respecto agregó: “Es escuchando todas las voces donde se encuentran las soluciones más viables y que vayan siempre en el beneficio de todos los involucrados”. 

“Es importante entender que un país no camina en una sola dirección y hacia un solo lado de la carretera. Existen vías de ida y vuelta, cuyos espacios deben ser respetados y valorados por todas las partes. Aquí nuestro rol como ministerio es precisamente ser el tráfico que vela por que ambas partes del camino se dirijan en la dirección correcta con igualdad de derechos, cumpliendo las obligaciones que les competen a los vehículos a través de los que se mueven todos los intereses de cada sector”, concluyó De Camps. 

En tanto que el presidente y gerente general de Falcondo, Ioannis Moutafis expresó que: “para la gerencia de Falcondo son dos las prioridades máximas: el respeto al ser humano y el respeto al medio ambiente, y es el resultado de estos dos compromisos el bienestar de su gente. Es por eso que hemos puesto gran empeño en trabajar cada uno de los puntos cubiertos en este nuevo convenio colectivo, en el que ambas partes hemos hecho concesiones importantes con el fin de construir aun mayor bienestar para quienes hacen posible que Falcondo pueda extraer lo mejor para los dominicanos”.  

Aprovechó además la ocasión para agradecer el apoyo y acompañamiento de las autoridades de Ministerio de Trabajo, por las orientaciones y asesoría hacia ambas partes. 

De su lado Valentín Ramírez secretario general del Sindicato Unido de los Trabajadores de Falconbridge expuso que: “Si bien el convenio impacta de manera directa a todos los trabajadores semanales, no menos cierto es que este produce un efecto cascada de mejoras de las condiciones laborales de los trabajadores administrativos de la empresa”. 

“La negociación colectiva es una herramienta o instrumento que nos permite a los trabajadores sentarnos en la mesa con la empresa y discutir mejores condiciones de trabajo, pero además una mejor calidad de vida para todos los trabajadores. Uno de los grandes logros de esta directiva, ha sido el que se lleven a cabo todos los acuerdos establecidos en este convenio”, concluyó. 

El pacto tendrá una vigencia de 3 años contados a partir de la firma del mismo y reconoce, entre otros beneficios, un pago compensatorio retroactivo a todos los trabajadores, aumento Salarial de un 17.35 % más la diferencia por inflación anual y el aumento del bono de producción mensual, medidas que impactan la calidad de vida de los trabajadores. 

Además, los obreros recibirán un incremento de 50% en gastos educativos propios y de sus dependientes y 100% en el aporte de estudios universitarios.  

Así mismo, un incremento en el bono escolar para gastos educativos anualmente de RD$ 10,500 pesos, aumento en el pago de la prima para los trabadores que realizan turnos rotativos, incremento en el pago de dieta para los empleados que realizan trabajos fuera de la empresa y aumento en el pago del bono para el disfrute de las vacaciones anual. 

El documento de prensa indica que las partes acordaron un aumento significativo para el aporte del plan de viviendas a los trabajadores de 900 mil pesos dominicanos. 

Al acto protocolar de la firma de acuerdo se dieron cita además ejecutivos de la Falconbridge Dominicana S.A., representantes del Sindicato Unido de Trabajadores de Falconbridge, representantes de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), así como otros viceministros y directivos del Ministerio de Trabajo. 

 En la reunión, los representantes de ARAPF le entregaron un ejemplar de la guía del primer Manual de Buenas Prácticas para la industria farmacéutica dominicana, la cual sirve también como referente para los asociados y el resto de los involucrados en las actividades del sector.

 El ministro de Salud manifestó su apoyo a la entidad, con transparencia, legalidad y claridad para que fluya todo el trabajo que realizan, como lo dispuso el presidente de la República, Luis Abinader.

El doctor Daniel Rivera dijo que “el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader busca que la libre empresa fluya y que se respete la institucionalidad de todos”.

Juan Miguel Madera, vicepresidente ejecutivo de la ARAPF, afirmó que, con la elaboración de este Manual de Buenas Prácticas, se está marcando un hito en la industria farmacéutica dominicana.

Señaló que la guía recoge todas las exigencias establecidas por las autoridades locales, los organismos internacionales y la sociedad. El Manual de Buenas Prácticas reúne pilares relevantes para el fortalecimiento del sector farmacéutico local y su reconocimiento internacional.

“Podemos considerarlo como un instrumento que ayudará a destacar el papel preponderante que desempeñan las autoridades en el correcto funcionamiento de nuestra industria y la importancia de mantener un diálogo activo con las otras asociaciones gremiales”, señaló el vicepresidente ejecutivo de ARAPF.

El encuentro contó, además, con la asistencia de los miembros de ARAPF, José Manuel Mallén, Juan José Alorda y José A. Díaz Martínez.

Estuvo también presente el viceministro de la Oficina Coordinadora de la Gestión Desconcentrada de la Rectoría (DPS/DAS), doctor Fernando Ureña.

Entiende la Mesa de Diálogo que hechos como estos no pueden quedar impune por lo cual esos agentes deben ser investigados y puestos al servicio del ministerio publica el cual establecerá las penas en este caso.

Los esposos muertos eran gente de bien, los cuales hace apenas un mes contrajeron nupcias.

Los muertos, Elisa Muñoz su esposo Joel de aproximadamente 30 años residieron el sector de Sabana Perdida en Santo Domingo Norte y llevaban apenas dos meses de haber contraído nupcias.

Al parecer los agentes policiales confundieron el vehículo en el que transportaban con otro al cual quizás le daban seguimiento.

El vehículo quedó con varios impactos de las balas disparadas por la policía.

En el hecho de sangre también resultaron con heridas leves, dos predicadores más que acompañaban a la pareja en el mismo vehículo los cuales fueron apresados y se encuentran en el destacamento policial de Villa Altagracia.

Conforme a los cuatro ejes que fundamenta la valoración de la DIGEIG, la distribuidora de electricidad acumuló el mayor porcentaje en los renglones de estadísticas institucionales por ejecución correcta de presupuesto.

También por información relativa a Compras y Contrataciones Públicas, procesos de eficiencia y transparencia en los cobros realizados, facturación, energía entrega y pérdida, además de los contratos de telemedidos de los clientes, entre otros.

Esta evaluación toma en consideración además, el uso y el tiempo de respuestas atendidas a solicitudes realizadas por ciudadanos y ciudadanas, a través del Portal Único de Solicitudes de Acceso a la Información, que permite presentar información pública a los órganos de la administración del Estado conforme a lo establecido en la Ley General No. 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, mediante una ventanilla única.

Edesur ha logrado en los primeros seis meses de gestión de la actual administración notas sobresalientes, incluyendo en dos ocasiones 100 puntos,  la máxima calificación otorgada a la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública (OAI) de la empresa.

Los representantes de Jompéame se comprometieron, por igual, a desmontar de sus canales digitales los vídeos y las imágenes que presenten a menores de edad en situación de vulnerabilidad.

La titular de la Dinnaf, Olga Diná Llaverías, explicó que la dependencia de la Procuraduría General de la República y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) brindarán la orientación que le requiera el equipo de Jompéame para retirar otras imágenes que vulneran la dignidad de los niños, niñas y adolescentes (NNA).

La plataforma opera como intermediaria en procesos de recaudación de fondos requeridos por ciudadanos con limitaciones económicas para enfrentar distintos problemas y que, a veces, involucran a NNA.

La organización se comprometió, mediante la firma de un documento, a retirar las imágenes que vulneran derechos fundamentales de la niñez, posterior a recibir la orientación que ha requerido.

Diná Llaverías recibió en su despacho a los representantes de Jompéame en compañía de la procuradora general de corte Shirley Aurich y de Omar Espinal, del departamento de asociaciones sin fines de lucro (ASFL) del Conani.

En un último diálogo, celebrado el martes, estuvieron presentes Katherine Motyka, representante de Jompéame, acompañada por los abogados Candy Espaillat y Boris De León. La organización reconoció que incurrió en una vulneración de derechos de NNA.

En la reunión, el Ministerio Público reiteró el requerimiento del retiro de las imágenes recordando que la ley incluso impide que cualquier fiscal o juez entreviste a una menor de manera directa.

Recordó que una entrevista a un menor de edad en situación vulnerable solo puede hacerla un psicólogo experto autorizado por la ley, bajo el estricto procedimiento de cámara Gessell, el cual consiste en una entrevista a circuito cerrado en la que las preguntas solo las puede hacer el especialista, “sin que el menor tenga contacto con las partes”. 

“Ese interrogatorio solo pueden tenerlo las partes y el tribunal sin poder publicitario, a los fines de evitar la revictimización del menor”, dijo Diná Llaverías.

Luego de la reunión, la titular de la Dinnaf recordó que el Ministerio Público tiene el deber de perseguir los delitos tipificados en la Ley 136-03, que crea el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes.

“La protección de los derechos de nuestros niños es una responsabilidad de todos. La aplicación del Código del Menor y la observación de todo nuestro marco jurídico requiere que toda la sociedad se mantenga vigilante, incluso sobre las actuaciones del Ministerio Público”, expresó.

Agregó que, “desde el Ministerio Público debemos reconocer y agradecer a los periodistas y a los medios de comunicación tradicionales que, sin poner resistencia, están siempre dispuestos a enmendar un error cuando difunden una imagen de un niño, niña o adolescente en forma inadecuada”.

Recordó que, si bien los medios pueden y deben abordar casos de violaciones sexuales a menores de edad, las informaciones se deben mantener siempre en un ámbito general.