Mostraron preocupación por el más reciente caso ocurrido en el país, en el cual la niña de nueve años de nombre Liz Marie fue abusada sexualmente y posteriormente asesinada en el sector La Isabelita de Santo Domingo Este por un vecino de la comunidad, sin que hasta el momento las autoridades hayan dado con el paradero del cuerpo sin vida, al tiempo que deploraron que este fenómeno se encuentre en aumento en los últimos años.
Expresaron que, de lo que se trata es de la modalidad más siniestra de violencia contra la niñez, que combina la comisión de violación y abuso sexual de manera sistemática, concluyendo con el arrebato de la vida de niños y niñas por parte de abusadores que, en la mayoría de los casos son familiares y personas cercanas.
Manifestaron que la sociedad dominicana se encuentra frente a un fenómeno que viene cobrando fuerza en las familias, las comunidades y los entornos primarios de los niños y las niñas, sin que los actores legalmente obligados con la protección de la niñez jueguen el rol que la Constitución y las leyes le reservan en la protección integral de la infancia. Al mismo tiempo, recordaron que, según los últimos datos disponibles 8 de cada 10 casos de abusos sexuales son cometidos contra menores de edad, al igual que el 19% de los casos de abuso sexual estudiados por el Instituto de Sexualidad Humana de UASD en el 2014 eran incesto.
“El caso Liz Marie desnuda la triste realidad que vive la niñez dominicana, en la cual tanto el Estado y la familia como las comunidades asumen una actitud pasiva frente al abuso sexual, pero cuando se produce la muerte, reaccionan con indignación, obviando el hecho fundamental que ha originado la pérdida, que es el abuso sexual. Si contáramos con entornos protectores y si aplicáramos mecanismos preventivos, probablemente, hoy no estuviéramos llorando de manera indignada esa y otras muertes”. Expresó la organización.
Recordaron que, tanto el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño, como el artículo 56 de la Constitución de la República prevén la obligación del Estado, la familia y la sociedad en hacer primar el interés superior del niño, así como de asistirles y protegerles para garantizar su desarrollo integral y el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales, por lo que, entienden que en este y otros casos similares dichos actores no han cumplido con su rol.
“Este caso debe llamarnos a una profunda reflexión como Estado y como sociedad. No es posible que este tipo de situaciones ocurran en las comunidades sin la debida vigilancia de las instituciones del sistema de protección y sin que las familias y los comunitarios lo denuncien”. Adujo Aldeas Infantiles SOS.
Apuntaron que, para poder cumplir con la referida disposición constitucional, el niño y la niña deben contar con un entorno protector, en el cual el Estado promueva de manera masiva la prevención de la violencia contra la niñez, cree mecanismos de vigilancia en las comunidades y aplique el sistema de consecuencias establecido en la Ley Núm. 136-03; las familias cuiden y protejan a los menores de edad; y, los miembros de la comunidad denuncien cualquier abuso o amenaza de la que tengan conocimiento.
Aldeas Infantiles SOS hizo estos planteamientos por medio de un posicionamiento enviado a este medio de comunicación.
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