Diferentes sindicatos de transportes públicos de pasajeros afiliados a la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano), y la Federación Nacional de Transporte Amigos de Peña Gómez (Fenatrapego), exigieron este lunes al Gobierno ser tratados en iguales condiciones que los demás ciudadanos, ante la crisis sanitaria y económica que ha provocado la pandemia del coronavirus (Covid-19) en República Dominicana, la cual afecta a todos los países del mundo.
Durante una rueda de prensa en la Calle H esquina Prolongación 27 de febrero (Pintura), en Santo Domingo Oeste, los dirigentes y trabajadores del transporte público de pasajeros, manifestaron que ante “Dios y la Constitución de la República todos son iguales”, al tiempo de condenar el maltrato y abandono del Gobierno a ese sector en medio del coronavirus.
En tal sentido, recordaron al Gobierno que cumpla con lo anunciado, mediante la utilización de unos RD$15 mil millones para apoyar a las empresas familiares, a los pequeños y medianos inversionistas y las pymes, al tiempo de indicar que los transportista no ha llegado ni un sólo peso para garantizar la sostenibilidad económica de ese sector y no irse a la quiebra.
Señalaron que desde el inicio de la pandemia del Covid-19, y las medidas anunciadas por el Gobierno, los trabajadores del transporte público de pasajeros han dejado de recibir más de RD$80 mil millones bruto en todo el territorio nacional, ante la total indiferencia de las autoridades dominicanas.
En ese sentido, demandaron que los operadores del transporte de esta zona (Santo Domingo) y de todo el país, sean incluidos en los programas sociales, mediante los RD$40 mil millones que del “sudor de los trabajadores” las AFP les prestaron al Gobierno dominicano para darle dinamismo a la economía, “destruida en medio de esta crisis”.
También, señalaron que montar solo tres (3) pasajeros al mismo precio le genera más déficit a los choferes, a los fines de que las autoridades lo valoren, “solo eso”. Al tiempo de que solicitaron que estudian la posibilidad de autorizar cuatro (4) pasajeros a los carros.
Solicitaron, además, que sus afiliados que usan GLP como combustibles sean incluidos en los programas del “Bono Gas”, también en los denominados (FASE I), (FASE II) o en el recién creado (Pá ti) de “Quédate en casa”, así como otros anunciados por las autoridades.
Asimismo, los directivos de los sindicatos de transportes público de pasajeros solicitaron tener derechos a la alimentación y a la salud de cada uno de sus compañeros y de sus familiares, como derechos fundamentales, constitucionales y en materia de los derechos humanos consagrados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Igualmente, demandaron del Gobierno aplicar el artículo 222 de la Constitución de la República, el cual ordena proteger la economía familiar, popular, solidaria y cooperativa, las cuales son las bases fundamentales de la generación de empleos en el país.
Además, exigieron que al igual que algunas compañías que transportan pasajeros a empresas, se le permita, mediante un protocolo de lugar que sus minibuses, microbús y autobuses laboren con un máximo de capacidad de 50 pasajeros, con el objetivo de guardar la distancia, así como evitar el contagio y la propagación del Covid-19, para garantizar ingresos, sostenibilidad económica y familiar.
Los dirigentes sindicales, igualmente, solicitaron la intervención del Gobierno dominicano para que sean devueltos los más de RD$20 mil millones que una empresa privada le “estafó”, mediante la venta del gas licuado de petróleo (GLP), a sobre costos de unos RD$40 por galón de ese carburante, lo que hasta 2017-2018 se tradujo en una pérdida de ingresos por RD$535 mil a cada chofer de carros de concho y taxistas.
Aseguraron que esa “estafa vulgar” ha impedido a miles de transportistas cambiar sus carros, debido a que dicha empresa lo utilizó para construir un mega puerto privado en la región este del país, en perjuicio de todos los trabajadores transportistas, así como de cada uno de los dominicanos que utiliza el GLP.
Igualmente, demandaron del Gobierno dominicano utilizar los RD$16.00 que especializó como impuestos adicionales al GLP para ser utilizados por el Poder Ejecutivo en caso de una emergencia o catástrofes en el país, entre los años 2017-2018, por mandato del Ministerio de Hacienda al Congreso Nacional, los cuales producen al año unos RD$8 mil millones.
“Este momento es el de emergencia y catástrofe para nuestra clase choferil y las amas de casas”, puntualizaron los dirigentes transportistas afiliados a Fenatrano.
En ese orden, los dirigentes choferiles solicitaron que los recursos generados desde el 2012, mediante el cobro de dos pesos adicionales al galón de combustible para dedicar cincuenta centavos a los transportistas sea hoy, destinado a un Plan de Seguridad Social Contributivo (PSSC) vía el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Expresaron que llegaron a esa decisión, luego de una discusión sobre el tema, de manera que los transportista y sus familiares puedan contar con un seguro de salud vía el SeNaSa, a través de un Plan de Seguridad Social Contributivo, así como una cobertura de un 100 % en prestaciones generales de salud y medicamentos.
Explicaron que estos recursos deben ir a un plan coogestionado por los transportistas, quiene son los dueños y el Gobierno para tener una sana gestión de servicios al ser humano y no a las extraordinarias ganancias de las AFP, que a su juicio, sólo garantizan más riqueza a los dueños de estas empresas, mientras más miseria a los integrantes del sistema: “En este caso, los trabajadores y pequeños y medianos inversionistas del transporte”.
Asimismo, exigieron la creación de un bono de contingencia y salvaguardia para los trabajadores e inversionistas del sector transporte, a los fines de evitar su quiebra masiva y el desempleo a más de un millón de trabajadores, que lo llevaría a la condición de pobreza y sus consecuencias colaterales.
Los dirigentes choferiles solicitaron, además, que el Poder Ejecutivo proceda a pagar la deuda contraída por el Estado dominicano vía la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), a los transportistas que operan en el Corredor de la Avenida Máximo Gómez, compromiso contraído cuando el actual presidente de la República era secretario Administrativo de la Presidencia en el año 1998, es decir, una deuda de 22 años.
“Hoy esos recursos ascienden a unos RD$140 millones, los cuales tienen que ser honrados, pues se trata de compromisos contractuales entre las partes”, aseveraron los dirigentes sindicales del sector transportes.
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