Por: Lucy Arraya,
Abogada, Internacionalista, Catedrática
La alimentación es un derecho internacional humano inalienable, imprescriptible, reconocido y aceptado por todos los Estados que conforman la comunicad internacional. Es un derecho fundamental que se viene promoviendo desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y todos sus organismos especializados y programas, entre los que están la FAO, el FMI, el BM, el PMA, la CEPAL; así como en la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Africana de Naciones, la Unión Europea, entre otros, con el propósito de asegurar su cumplimiento.
Como parte de los compromisos asumidos mediante los instrumentos internacionales suscritos, los Estados están en el deber de garantizar la alimentación a todos sus ciudadanos y ciudadanas sin discriminación. En efecto, en el marco de la ONU, los países adoptaron en el 2015 los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como parte de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, de los cuales, el Objetivo 2 se propone para alcanzar la meta lo siguiente: poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.
Previo a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara la pandemia del COVID-19, la situación alimentaria alrededor del mundo estaba en crisis, pues, de acuerdo con los informes del Banco Mundial, un total de 41 países seguían necesitando ayuda alimentaria externa, entre ellos, algunos situados en África y Asia. En América Latina, por ejemplo, se calculó que 821.6 millones de personas sufren malnutrición. A esa situación de inseguridad alimentaria se suman los existentes problemas que enfrentamos ante los cambios climáticos y los conflictos armados que desequilibran el orden mundial, que, aunque han “cesado” en estos momentos por el coronavirus, constituyen una limitante para el importante derecho humano a la alimentación.
El crucial momento por el que atraviesa actualmente el mundo, de incertidumbre y riesgos, pronostica grandes efectos negativos que no tienen parangón. Hace unos días, señalaron la CEPAL y el Fondo Monetario Internacional, que la humanidad se enfrenta a la peor recesión económica desde la Gran Depresión de los años 1929-1930. En ese sentido, el jefe del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, David Beasley, dijo que, al ser impactada la economía en muchos países, sobre todo en los más vulnerables, se desencadenarán hambrunas de proporciones inimaginables. A lo que nos preguntamos: ¿Cómo se garantizará la alimentación? y ¿Qué hacer con una crisis dentro de la crisis?
Los organismos internacionales han propuesto mantener todo el tiempo la cadena de suministro y que se dispongan los fondos suficientes para apoyar a los más necesitados. Asimismo, recomiendan y estimulan al multilateralismo y que los Estados promuevan entre sí la cooperación internacional como forma de asegurar y sostener la seguridad alimentaria. Sin embargo, es probable que algunos países no cuenten con las medidas y garantías necesarias para asegurar tal derecho, ni tampoco con los recursos suficientes para afrontar los efectos del coronavirus (COVID-19). Pero la obligación perdura aun en tiempos de crisis, y preservar este derecho humano es un imperativo ante la amenaza de la pandemia. Es decir, es un derecho humano que se debe garantizar tanto en tiempos normales como en tiempos de crisis y/o bajo estado de emergencia o de excepción.
Por lo antes planteado, creo que es viable considerar posibles alternativas para el acceso a productos alimenticios y su comercialización, proponer enlaces de apoyo interinstitucional e internacional con organismos e instituciones cooperantes que puedan contribuir a mitigar la situación. De otra parte, el diseño y la aplicación de políticas y medidas a nivel nacional e internacional que busquen salvaguardar el derecho de los individuos a una alimentación favorecerá el bienestar común.
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