Participación Ciudadana llama a la Cámara de Cuentas a redefinir sus prioridades, a los fines de que responda a un verdadero organismo de control externo al servicio de los intereses de la sociedad.
Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana, indicó que el bajo rendimiento que las anteriores y la presente Cámara de Cuentas han tenido en su trabajo medido por la cantidad, importancia y calidad de las auditorías realizadas, constituye una amenaza para la preservación y correcto uso de los fondos públicos, generados por el pueblo con sus impuestos, tasas y contribuciones.
Participación Ciudadana a través de un comunicado de prensa expresó que del total de auditorías finalizadas por la Cámara de Cuentas desde el año 2012 al 2019 ascendieron a 356, lo que da un promedio de 51 auditorías al año. “Si se toma en cuenta que las instituciones del Estado a ser auditadas son unas 1,470 a las que hay que agregar 32 partidos y movimientos políticos y 1,196 organizaciones sin fines de lucro que reciben fondos públicos, sumando 2,698 instituciones, entonces solo el 13% ha sido auditadas en estos últimos siete años”.
Para el movimiento cívico, si se acepta el argumento de la Cámara de Cuentas de que dispone de personal insuficiente para realizar su trabajo, por lo cual se ha fijado la meta en su Plan Anual de Auditoria (PAA) de realizar al menos una auditoria por institución cada cuatro años, entonces el total a realizarse a la fecha ha debido ser de 5,396 (2,698 X2).
“No se trata solo del limitado número de auditorías realizadas por la Cámara de Cuentas, sino que los años que cubren tienen un gran retraso. De las 356 auditorías publicadas, unas 236 equivalentes a las dos terceras partes (66.29), corresponde a los ejercicios presupuestarios del período 2006, 2007, 2008 y 2009, es decir de hace diez años. Esto puede tener un nefasto efecto para el Estado y la sociedad, consistente en que de haber ocurrido actos de corrupción en algunas de esas 236 instituciones, los responsables pueden alegar la prescripción del delito, al haber transcurrido diez años”, declaró el Consejo Nacional de PC.
El trabajo de la Cámara de Cuentas se muestra ineficaz, también, al valorar las propias prioridades que esta se ha fijado en sus planes anuales de auditoria. Como se conoce, el peso del gasto público descansa en el gobierno central y en sus ministerios. Sin embargo, no se conocen de auditorías realizadas a los Ministerios de la Presidencia, de Relaciones Exteriores y de la Administración Pública. Tampoco ha sido persistente con los ministerios que más presupuesto manejan como son Obras Públicas, Salud y Educación.
Para Participación Ciudadana es insólito el caso del Ministerio de Educación que en doce años solo se le ha realizado dos auditorías correspondientes al 2009 y 2010, lo que significa que a la fecha el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) que empezó a entregarse en 2013 no ha sido auditado. “Al Ministerio de Salud Pública solo se le ha auditado los años 2010 y 2011 y a Obras Públicas las auditorias solo llegan al 2014. Se tratan de cientos de miles de millones de pesos que se desconoce de su fiel inversión. Esto cuestiona la calidad del informe que la Cámara de Cuentas presenta cada año al Congreso Nacional”.
Otro aspecto que llama la atención para Participación Ciudadana es el trabajo profesional que debe realizar la Cámara de Cuentas, pues solo ha remitido a la Procuraduría General de la República un total de diez auditorias de instituciones de muy poco peso presupuestario para que se profundice en la investigación penal, lo cual tampoco se ha hecho. Dado el nivel de denuncias que se registra en los medios de comunicación, y los casos de corrupción que frecuentemente afloran en la opinión pública, resulta insignificante la referida cantidad.
Tampoco se conoce de un solo caso en que la Cámara de Cuentas, haciendo uso de las prerrogativas legales que le otorga los artículos 46, 47 y 48 de su ley orgánica 10-04, y el artículo 148 de la Constitución de la República, sobre la responsabilidad civil de los funcionarios públicos, haya obligado a algún funcionario a pagar a la Administración los daños originados por sus acciones negligentes u omisiones.
De igual modo, la Cámara de Cuentas no está haciendo uso de otra herramienta poderosa para el control externo, que es el control social, definido en el artículo 7.4 de la Ley 10-04, al no crear un reglamento efectivo y de los mecanismos eficientes para que las organizaciones sociales y la ciudadanía en general den seguimiento al gasto público.
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