Mediante
el convenio, ambas instituciones se comprometen a desarrollar y fortalecer sus
sistemas jurisdiccionales, sus recursos humanos y modernizar los servicios de justicia
constitucional.
SANTO DOMINGO. -
El Tribunal Constitucional (TC) y el Consejo
del Poder Judicial firmaron un acuerdo de colaboración para el intercambio
conjunto en temas de justicia constitucional, control de convencionalidad y
protección de los derechos humanos, así como la realización de actividades para
desarrollar y fortalecer ambos sistemas jurisdiccionales, sus recursos humanos
y modernizar los servicios de justicia constitucional.
El presidente
del TC, doctor Milton Ray Guevara, y el presidente del CPJ, magistrado Luis
Henry Molina Peña, firmaron el convenio en un encuentro desarrollado en el
Salón del Pleno del TC, que contó con la presencia de jueces y funcionarios
administrativos de ambas entidades.
Al dirigir unas
breves palabras durante el acto, Ray Guevara expresó el entusiasmo y
satisfacción que significa para los jueces del TC la firma de este acuerdo, que
definió como el comienzo de una nueva etapa de las relaciones entre el Poder
Judicial y el Tribunal Constitucional.
“La formación
constitucional debe ser parte integral de la enseñanza que reciban los miembros
del Poder Judicial. Ahora, con la jurisprudencia del TC, se abren nuevos
caminos y nuevas etapas para seguir fortaleciendo esa vía de conocimiento”,
sostuvo el doctor Ray Guevara.
Asimismo, el
magistrado Molina Peña afirmó que este acuerdo es el inicio de un esfuerzo de
trabajo que debe darle a la República Dominicana más seguridad jurídica, más
garantía de los derechos de sus ciudadanos, y permitir el diálogo para que el
sistema de administración de justicia funcione.
Consideró de
gran importancia que la figura del precedente, introducida por el Tribunal
Constitucional, permee todo el ordenamiento jurídico del país y destacó que el
Poder Judicial es consciente de la labor del TC, relativa al control de
constitucionalidad concentrado, mientras que la justicia ordinaria es la que
tiene la competencia para hacer efectivos esos precedentes.
A través de este
acuerdo ambas instituciones se comprometen a promover la comunicación directa
para el fortalecimiento e intensificación de la cooperación jurídica mutua, así
como la organización de diversas actividades de capacitación que versen sobre
temas de interés común.
Además, las
instituciones intercambiarán jurisprudencia, material bibliográfico, estudios,
estadísticas y otros documentos que sean de interés mutuo con el fin de generar
publicaciones, facilitando el acceso a las respectivas bibliotecas, tanto
físicas como virtuales.
También
promoverán la realización conjunta de investigaciones y de estudios que puedan
contribuir a la generación y mejora de los conocimientos de jueces y servidores
de ambos sistemas jurisdiccionales.
El intercambio
entre jueces y servidores de ambas partes es otro de los puntos del acuerdo,
que establece la realización de programas de entrenamiento, pasantías, jornadas
de estudio, formación y calificación técnico-profesional, con la finalidad de
brindarles los conocimientos detallados de sus estructuras, procedimientos y
competencias.
El acuerdo, que entra en vigor a partir de su
firma, tendrá una duración de tres años y será sometido anualmente a las
revisiones y modificaciones que fueran necesarias, durante su vigencia.
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