La Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS)
llamó a los trabajadores y las trabajaras del país respaldar a las organizaciones que convocan a la CAMINATA POR LA VIDA, SALUD, Y DIGNIDAD DE
LAS MUJERES el 15 de este mes de julio a las 9.00 am., saliendo de las inmediaciones
Oeste de la UASD con la calle Paseo de Los Médicos.
La CNUS que tiene una población muy importante de
mujeres trabajadoras afiliadas y en
algunos casos ha habido situaciones que
tienen que ver con las demandas que hace el colectivo convocante. Igualmente CNUS
tiene una significativa presencia de trabajadores y trabajadoras del área de la
salud que demandan eliminar los riesgos laborales a que se exponen en su
trabajo y para garantizar la libertad de
su ejercicio profesional, por lo que
vemos muy necesario considerar
este tema partiendo de las necesidades derechos humanos, científicas y
laborales que tiene el país para su solución.
Llamó al Congreso Nacional a modificar el Código Penal
acogiendo las 3 causales para interrumpir el embarazo que el Presidente de la
República presentó cuando fue observado dicho código, que son: Cuando
la vida de la mujer está en peligro, Si la
mujer ha sido víctima de violación o incesto y Cuando
el embarazo es inviable o fuera del útero.
La CNUS entiende que esto es un asunto que debe ser
considerado para que lo científico se imponga, pues se trata de derecho a la
vida y a la salud sobre todo de las
mujeres más pobres. En este siglo XXI no se debía estar debatiendo en lo
institucional cuál es el límite de los
derechos que tienen las mujeres a ejercer su autonomía, lo cual se convierte en una violación a los
derechos humanos.
Las encuestas muestran claramente que la población
está de acuerdo entre un 79 y 80% de que cuando la vida o la salud de las mujeres está en riesgo debe
interrumpirse el embarazo para salvarla. También que cuando es un embarazo por
violación o incesto un 67 lo aprueba y si el feto no tiene probabilidades de vida o fuera del útero de la mujer un 76 está de acuerdo
en su interrupción (Untol Research).
Esto quiere decir que la mayoría del pueblo dominicano
espera que sus legisladores adopten las medidas pertinentes para garantizar los
derechos fundamentales de las mujeres que son el 50% de la población, para que les sea respetada su dignidad,
integridad, libertad y derecho de
igualdad, tal como lo manda en su
artículo 38, la Constitución de la República establece que:
“El Estado se
fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la
protección real y efectiva de los derechos fundamentales que les son
inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su
respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes
públicos”.
Es deber de los legisladores hacer cumplir la
constitución y velar porque las leyes en materia del ejercitar los derechos no sean discriminatorias. Esto se logra adoptando medidas avanzadas de
acuerdo a los tiempos, en las que se consoliden el pensamiento prevaleciente, la actitud y la
práctica de la sociedad de hoy, para que de manera legítima la gente se sienta
representada, como lo indica las encuesta reciente sobre este derecho humano y
las aspiraciones de la población.
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