Los abogados de la defensa de Rondón, José Miguel Minier y de y Bautista, Carlos Salcedo, recibieron por separado, el índice de los documentos que sustentan la investigación del ministerio público en contra de sus clientes.
Empero, Salcedo dijo que solo ha recibido una parte de la documentación, ya que la Procuraduría alega que fueron recibidos recientemente y que no ha podido terminar de analizarlos.
El jurista dijo que el ministerio público alega también, para no entregar parte de la documentación requerida, que los técnicos no han terminado de entregarle los análisis o porque pueden afectar a otros imputados.
Entre esta documentación que fue requerida, y no entregada, se encuentra una solicitud de auditoría forense, técnica y financiera de la Cámara de Cuentas, solicitada por el procurador Jean Rodríguez el 21 de abril del 2017.
Sin embargo, dijo que les fueron entregados todos los informes que a la fecha han sido enviados por la Superintendencia de Bancos al Pepca respeto a los productos y servicios financieros a nombre de su cliente.
Igualmente, explicó que el ministerio público le entregó copias de las delaciones premiadas de los exfuncionarios de Odebrecht Marcos Cruz Vansconcelos, Ernesto Sá Vieira, Marcelo Odebrecht, Luis Eduardo Dar Rocha Soares y Hilberto Mascarenhas Alves Da Silva Filho.
El documento judicial anexa las solicitudes realizadas por el ministerio público a diferentes organismo involucrados, y que no cuentan con remisión de respuestas.
También incluye evidencias de cargo y descargo en contra de los imputados Ángel Rondón y Andrés Bautista. En la audiencia celebrada el 30 de mayo de este año, el juez ordenó al ministerio público poner a disposición de la defensa de los imputados, “sin obstáculos, ni demora”, todas las actuaciones procesales que sean de interés para los imputados en torno a la investigación sobre el caso Odebrecht.
Las investigaciones fueron abiertas en diciembre del 2016, luego de que Odebrecht admitió en Estados Unidos que pagó 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África, incluida República Dominicana, con US$92 millones, entre 2001-2014.
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