El juez Francisco Ortega, encargado de la instrucción del caso Odebrecht, notificó este lunes a los siete procesados, entre ellos dos expresidente del Senado, la acusación formal presentada contra ellos por el Ministerio Público.
La notificación se realizó a través de la secretaria general de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), precisaron las fuentes.
El pasado jueves el procurador general dominicano, Jean Alain Rodríguez, ratificó la acusación por soborno, enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra el senador oficialista Tommy Galán, el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa y el expresidente del Senado y presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal de la oposición), Andrés Bautista.
Asimismo, contra el exsenador y miembro del PRM Roberto Rodríguez, el abogado Conrado Pittaluga y el empresario Ángel Rondón, señalado como la persona que recibió y distribuyó los sobornos, mientras anunció la inclusión en el caso del expresidente del Senado y actual secretario general del PRM Jesús Vásquez.
Sin embargo, anunció la exclusión del expediente del exministro de Industria y Comercio y dirigente del gobernante PLD Temístocles Montás, el diputado del PRM Alfredo Pacheco, el senador oficialista Julio César Valentín y los exdirectores de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, César Sánchez y Radhamés Segura.
También quedaron fuera de la acusación el exdiputado Rudy González, así como los técnicos Bernardo Castellanos y Máximo De Óleo, quienes, al igual que los demás, guardaban distintas medidas de coerción por el caso.
La exclusión de estas ocho personas generó fuertes críticas de sectores políticos y de la sociedad civil, entre ellos, el colectivo Marcha Verde, surgido tras desvelarse los sobornos, y que asegura que el expediente “blinda la élite corrupta” del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ya que Montás, Valentín y Segura son miembros del influyente comité político de ese partido.
Ante los cuestionamientos, la Procuraduría General (PGR) defendió ayer el expediente presentado en contra de los siete imputados y aseguró que la acusación, de 558 páginas, “está acompañada de 1.368 pruebas documentales, 234 materiales, 54 testimoniales y 4 ilustrativas, así como 42 actos procesales y 9 interrogatorios”.
La PGR insistió en que encontró “pruebas fehacientes y suficientes” que vinculan a los imputados con los 92 millones de dólares en sobornos que Odebrecht admitió pagar en el país para obtener contratos de obras públicas entre 2001 y 2014.
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